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Es necesario regular aun más los artilugios del mercado de la salud privada

La solidaridad fue planteada en dos planos: el primero entre las distintas obras sociales que lo componen, ya que todas aportan un porcentaje de su recaudación a un fondo solidario de redistribución a través del cual se financian los tratamientos de alto costo, menor incidencia y mayor complejidad y el segundo entre los trabajadores de una misma obra social, aportando más el de mayor salario, como sucede con el sistema jubilatorio, recuperado durante esta década de gobierno kirchnerista.

Las políticas neoliberales de los ’90 que mercantilizaron la seguridad social también arrasaron con el sistema de obras sociales y limaron el principio de la solidaridad: se salvaron las empresas de medicina prepaga (EMP). La diferencia con las AFJP es que no se promulgó una ley que estableciera la irrupción de las prepagas en el sistema. Esta «invasión» se dio de hecho, «al margen de la ley y contra la ley», con la complicidad de la dirigencia política de la época y de algunos inescrupulosos pseudo dirigentes gremiales.

Hay un flujo de valor hacia el sector de las EMP, que es el mismo que hubo hacia las AFJP, las ART, los bancos. Estos grupos se llevaron y aún se llevan ganancias que deberían ser prestaciones de salud para la sociedad. Pero el daño más profundo al sistema lo hacen porque ofreciendo sus planes «superadores» rompieron con el principio de solidaridad entre los beneficiarios y jaquearon su razón de ser.

El grupo de obras sociales que hizo punta «asociándose» con las principales EMP se limitaban a ser «pasamanos» de lo recaudado (aportes y contribuciones) en cabeza de cada beneficiario, desfinanciando así a la estructura prestacional para atender a los otros trabajadores, en general, de menores ingresos.

Al desregularizarse (libre elección de la obra social) provocó que aquellos trabajadores con mejores salarios comenzaran a migrar a las obras sociales que tenían convenios con las empresas de medicina prepaga (EMP), las cuales engrosaron su padrón y su recaudación rápidamente: el fenómeno llamado DESCREME, que fue denunciado infinidad de veces por la CGT.

El sistema de transferencia de los mayores recurso a esos grupos económicos desfinanció a muchas obras sociales que tuvieron que presentar su quiebra, si bien habían brindado un buen nivel prestacional en otra época, así como los planes ofrecidos según los aportes ingresados en cada caso perjudicó e hizo bajar el nivel de cobertura de los trabajadores de menores ingresos, porque al no poder pagar la diferencia para pasarse a una prepaga quedaron atrapados en su obra social con muchos menos afiliados con buenos aportes y, por lo tanto, menor capacidad prestacional.

Se impuso el sentido privatista, mercantilista, individualista por sobre el solidario. Lo que se puso en riesgo fue el sistema mismo: si cada uno puede usar todo lo que por él se aporta, no tiene sentido la intermediación del sistema de obras sociales frente a las EMP.

La Ley 26.682 propuesta por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispone una regulación sobre la medicina privada, pero también sobre los planes voluntarios y superadores ofrecidos por las obras sociales, estos últimos –los superadores– son la forma por el que se ha venido dando la comercialización de los planes de las empresas de Medicina Prepaga.

Cuando mayor regulación estatal haya sobre estos artilugios del mercado de la salud privada, más cerca estaremos de que en nuestro país la salud sea garantizada como un verdadero derecho humano.

24/8/13 Fuente: Infonews

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