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La Cámara confirma la multa de $ 100.000 impuesta a una Obra Social por vulnerar la Ley de Defensa del Consumidor

En esta oportunidad  vamos a comentar un fallo relativo a defensa del consumidor.

Una Obra Social es sancionada con una multa y demanda por ello a la Dirección Nacional de Comercio Interior,organismo que le impuso dicha multa, llegando la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

¿Por qué fue sancionada la Obra Social? Fundamentalmente por incumplimiento del deber de respetar los términos y condiciones conforme a los cuales había ofrecido un servicio, vulnerando de esta forma, el artículo 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que se puede leer “infra”.

El afiliado que efectúa oportunamente la denuncia, es un afiliado a la Obra Social en el marco del régimen de libre elección. El plan de Prestaciones es equivalente al que brindan las empresas de medicina prepaga.

La Justicia encuentra aquí un típica relación de consumo, donde la Obra Social le niega al afiliado la posibilidad de continuar con la prestación médica por haber cesado la relación laboral. Se registra un incumplimiento del deber de respetar las condiciones conforme a las cuales  había ofrecido un servicio, se vulnera el artículo 19 de la Ley 24.240, amén de la existencia de claúsulas abusivas, como la que prevé el cese de la prestación por resolución del contrato laboral que le dio origen.

Expte. Nº 22.698/10- Autos caratulados: “OSUPUPCN c/ DNCI- Disp. 371/10 (Expte. S01:99792/04)” CNACAF- SALA II- 10/06/2011, publicado por elDial.com – AA6CF0, el pasado 21/07/2011.

“…el artículo 19 de la ley 24.240 dispone que:“Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.

“Dicha norma , si bien exige el mantenimiento de los términos pactados, ello no significa que el contrato sea absolutamente inalterable, sino que intenta evitar que se produzcan cambios abusivos durante el transcurso del mismo, esto es, modificaciones arbitrarias, sin justificación alguna, o; en forma intempestiva, o producirse cambios que, por su magnitud, alteren sustancialmente las condiciones originarias.”

“… el denunciante se hallaba vinculado desde el año 2001 a la Obra Social UPCN a través del plan denominado Accord Salud- El Plan Privado de Unión Personal”, al cual accedió en el marco del régimen de libre elección de obra social. Así, conforme surge de las constancias de autos, resulta claro que la actuación de la sumariada con sus afiliados por el referido plan configura una relación de consumo, prestando los servicios médicos con las características propias de los contratos de medicina prepaga, comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 24.240 y sus normas reglamentarias, entre ellas la Resolución, ex SCT Nº 9/04“.

” La citada Resolución ex SCT Nº 9/04, dispone en el Anexo I que : En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, serán consideradas abusivas las cláusulas que: …c) Establezcan el cese de la prestación de los servicios originados en un contrato celebrado por el proveedor y un tercero, cuando tal prestación provenga de una relación laboral entre el consumidor y el tercero contratante con el proveedor, sea porque se hubiere rescindido o resuelto tal contrato o porque hubiere cesado el vínculo entre el consumidor y el tercero que diera origen a las prestaciones, y no se prevea que el consumidor tendrá derecho a que se le brinde cobertura a través de una contratación directa con el proveedor”.

“Habiendo quedado debidamente demostrado que la encartada rescindió unilateralmente el servicio de salud que prestaba al denunciante, sin respetar el derecho a la continuidad de la prestación que éste tenía, a pesar de haber cesado su relación laboral, debe concluirse que no se han respetado los términos y condiciones del servicio, por lo cual, la infracción al artículo 19 de la Ley 24.240, ut supra reseñada, se encuentra plenamente acreditada”.

Resulta claro que al momento de haber perdido el denunciante su condición de afiliado por verificarse el cese laboral, y dado que por la naturaleza optativa de la afiliación, se  encontraba enmarcado en el mencionado “Accord Salud” ( cuyas características han sido reseñadas), la encartada debió notificarlo fehacientemente de la circunstancia que aún contaba con la posibilidad de que se le siga brindando la prestación del servicio de salud, pero fue ilegítimamente rechazada por la sumariada aduciendo supuestas “razones médicas”.”

“Aún cuando la actividad de las empresas de medicina prepaga presenta ciertos rasgos mercantiles, ellas tienen a proteger las garantías a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, y adquieren también un compromiso social con sus usuarios, en virtud del cual no pueden desconocer un contrato sin contrariar su propio objeto que debe ser efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (Fallos: 324:677  y  330:3725).”

 La Ley 24.240 prevé el principio ” in dubio pro consumidor” (cfr. arts 3 y 37, segundo párrafo )en la interpretación del contrato, precepto  impuesto para la protección de los usuarios y consumidores ( cfr. esta Sala in re “Citibank N.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones- Disp. DNCI Nº 158/1997″, Causa Nº 21.422/97, de fecha 3/03/98, entre muchos otros).”

” No debe perderse de vista que lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario- consumidor. Se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley (cfr. Sala I de este Fuero in re “Ombú Automotores S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones- Disp. DNCI 174/98″. Causa: 16.591/98 de fecha 6/05/99)”

“La Dirección de Comercio Interior a fin de graduar el monto de la sanción ponderó las circunstancias del caso, la actividad que desarrolla la recurrente, los riesgos o perjuicios sociales derivados de la infracción, y el riesgo de generalización de la conducta reprochada. Por otra parte, se observa que el monto de la multa impuesta, esto es $ 100.000 respeta los límites legales impuestos, por manera que en consideración a los parámetros expuestos no puede ser considerada excesiva”

” La Ley 24.240 ejecuta el mandato constitucional dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que otorga como derechos de los consumidores en la relación de consumo el“derecho a la salud”, que desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional ( art. 75 inciso 22), entre ellos, el art. 12, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inc. 1, arts 4 y 5 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extensivo no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva, (cfr. in re Corte Suprema de Justicia de la Nación, S. 670. XLII; RHE “Sánchez, Elvira Norma c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otro”, de fecha 15-05-2007), lo que ratifica la trascendencia de la cuestión y por cierto, da sustento a la extensión de la pena”

Fuente: DRA. ADELA PRAT

JULIO 28, 2011

 

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