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Mendoza: Las prepagas que no acepten a mayores de 65 años serán sancionadas

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Desde la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor (DFCyDC) aseguraron que las personas que hayan observado irregularidades en el cumplimiento de la aplicación de la ley que regula a las empresas de medicina prepaga deben realizar la correspondiente denuncia ante ese organismo. La mayoría de los reclamos se basan en que las empresas no quieren afiliar a las personas mayores de 65 años, y en el costo de la prestación para adultos de más de 50 años.

Ante la presencia de irregularidades en el cumplimiento de la ley, la directora de DFCyDC, Carmen Caballero, recomendó: «La gente debe hacer la denuncia para que nosotros podamos tomar conocimiento de la situación y actuar».

Quienes deseen realizar la denuncia pueden hacerlo vía internet en www.consumidor.mendoza.gov.ar, o personalmente en la sede de la Dirección, Boulogne Sur Mer al 3050 de Ciudad.

Una de las irregularidades más importante se está dando en relación con el costo de la prestación para personas adultas mayores de 50 años. Así, el valor del servicio es tres veces más elevado que en los casos de quienes tienen alrededor de 30 años.

La Ley 26.682 establece en su artículo 17 que las prestadoras pueden establecer «precios diferenciales» para distintos planes, teniendo en cuenta «franjas etarias».
Sin embargo, en ese mismo artículo se establece una variación máxima «de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria». Además, ese valor diferenciado es aplicable sólo al momento de contratar la prestación.
Dentro de esos grupos deberían quedar comprendidos, también, los mayores de 65 años. Por esta razón, Caballero indicó que «nunca una persona de 60 años debería tener que pagar una cuota que supere tres veces la mínima».
No obstante, esto no se cumple y una persona de esa edad debe hacer un pago promedio de $2.100, cuando para alguien de 29 años el costo, por igual servicio, es de $700.

El límite de la edad

Hasta antes de la sanción de la ley 26.682, muchas obras sociales, prepagas y mutuales habían optado por no afiliar a personas que superaran, por ejemplo, los 50 años.
A partir de la puesta en vigencia de esa normativa en diciembre de 2011, por medio del decreto nacional 1993/11, se estableció que «la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión».
Para los casos de personas que superen los 65 años, la ley autoriza una cuota diferencial, pero acorde al porcentaje que precise el Ministerio de Salud Ministerio de Salud para cada rango etario. Quedan exceptuados quienes lleven más de 10 años de antigüedad como afiliados.
No obstante, 5 meses después de la puesta en vigencia, ese porcentaje todavía no ha sido establecido.
Gracias a esta especie de «vacío legal», desde una de las principales empresas del país, consultadas por El Sol Online, aseguraron que «la ley de prepagas no está en vigencia todavía», buscando justificar el valor elevado de la cuota.
Inclusive, desde una obra social local remarcaron que «en ninguna prestadora están tomando personas de más de 54 años».

Otras disposiciones que no se respetan

Aunque la ley dispuso que las enfermedades preexistentes sólo podrán ser establecidas por medio de una «declaración jurada del usuario», y que las mismas «no pueden ser criterio del rechazo de admisión», muchas prepagas exigen realizar una revisión médica antes de establecer el costo de la afiliación.

Sin embargo, Adriana Perera, abogada que integra el equipo técnico de la DFCyDC, aseguró que «es mejor» realizarse esa revisión. Esto es así porque, si después se detecta un tumor que la persona desconocía tener, pero que es anterior a la declaración jurada, «pueden alegar que el paciente lo ocultó» y así evitar cubrir el tratamiento.

Tampoco se respeta la disposición que prevé la eliminación de los períodos de carencia para las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio, ya que en todas las empresas establecen un plazo de antigüedad de 6 meses para las cirugías programadas.

Asimismo, el aumento constante del valor de la prestación también ha sido motivo de reclamos por parte de los usuarios en general. No obstante, el problema más grave está en la falta de control por parte del Estado, lo que genera que las empresas sigan actuando con absoluta libertad, a pesar de la vigencia de la ley 26682.

10/5/12 Fuente: El Sol online

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