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Alta tensión: las tarifas eléctricas que vienen para 2016

electBlanqueados los números entre usuarios y empresas, ahora la suba depende del gobierno.

Había generado una expectativa medida, tal vez porque predominaba la sensación de “cosa juzgada”, respecto a lo inevitable de una modificación de los cuadros tarifarios eléctricos a partir de 2016. Así, las empresas distribuidoras respiraron con alivio el 30 de setiembre tras superar la audiencia pública que exige la ley para refrendar cualquier aumento del servicio público en Mendoza, aunque no sin enfrentar reclamos y críticas de las asociaciones de defensa del consumidor y el usuario.

“Resta definir cómo se aplicará y cuánto será en definitiva, pero celebro que se haya cumplido el procedimiento que marca la ley. Se necesita un criterio de sustentabilidad que contemple lo económico, financiero, político y social” señala Armando Surballe, representante durante los últimos años por el Estado mendocino en el directorio de Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia.

De buena relación con la conducción de la empresa, el gerente general Neil Bleasdale y el número 2 Alfredo Farés, pero poco afecto a declaraciones públicas y a exponerse, en un círculo allegado Surballe se sincera respecto a la posición oficial sobre la necesidad de actualizar las tarifas, que suele ser siempre una medida impopular. Y parece hacerse eco de la expectativa empresaria al decir que “ningún sistema resiste ocho años con un 30% de tarifa y un 150% de inflación en los costos de prestación del servicio”.

Por lo pronto, las empresas se aseguraron también el reconocimiento de alrededor de $2.800 millones por el cumplirán en diciembre “con deducción de ingresos efectivamente percibidos” habida cuenta de que las nuevas tarifas debieron aplicarse en agosto de 2013, pero la decisión de congelarlas postergó la discusión. Justamente, la paciencia tiene su premio: a los pagos comprometidos para inversiones, de unos $370 millones, se sumará un “bonus” de otros 300 millones a través de la Convergencia Tarifaria.

Con la certeza de que el próximo Gobierno provincial deberá hacerse cargo aunque sin seguridad de los plazos, los ejecutivos consultados toman ese retroactivo como una suerte de “caja de ahorros”. Incluso algunos redoblan la apuesta.

“Es un fondo muy importante, pero debería pagarlos la demanda”, asegura el gerente de la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Julio Gallego, en referencia a que, aún con complicaciones financieras para el Tesoro provincial, podría prorratearse como un ítem más en las facturas. La seguridad de que habrá más tarifa diluye un factor que explicaba el nivel de endeudamiento de las empresas.

Edemsa es la más complicada, con más de $800 millones pendientes al mercado mayorista eléctrico nacional, que la marginó del reparto de fondos de la Convergencia. Por eso ahora empieza a cerrar un plan de refinanciación en 36 cuotas mensuales con Cammesa, cuyos detalles por ahora sus ejecutivos mantienen en reserva.

Para Gallego, la situación de su empresa (le debe 10 meses a Cammesa y 24 al Fondo Compensador de Tarifas provincial) se explica por el atraso tarifario. Y esa misma razón justifica el no pago de multas por fallas en el servicio. “Además de la dificultad para pagarlas, son absolutamente injustas, porque sin tarifa tampoco puede exigirse calidad ”.

El Estado ¿socio indeseado? Se sabe: aunque debe refrendarlo un decreto del Ejecutivo, entre 90 a 95% más tendrán que pagar en definitiva los usuarios mendocinos de energía eléctrica a partir de 2016. De acuerdo al estudio del Epre, significará en principio $44 promedio para las categorías residenciales básicas.

O, como lo justifican desde las empresas “dos atados de cigarrillos, de los cuales la mitad son impuestos y costos de abastecimiento”. Ni siquiera el planteo de los representantes de los usuarios, como Marta Rizzo, ex Prodelco y actual titular de Defensa del Consumidor de Luján, al argumentar la necesidad de que se contemple la “fragilidad económica” de muchos de los clientes mendocinos, ni el reclamo de transparencia por parte de la ONG Protectora, cuyo apoderado José Ramón calificó a la audiencia de “farsa” y pidió que se le dé carácter vinculante, alcanzó a torcer el rumbo.

El director de Energía, Pablo Portusso, anticipa que habrá “gradualidad” para trasladarlo a facturas en tramos tri o cuatrimestrales , y “asegurar calidad y acompañar el crecimiento vegetativo de la demanda”. Implica alrededor de un 190% del VAD (Valor Agregado de Distribución), el componente con el cual las empresas cobran por el servicio.

El solo hecho de que Epre haya sometido a discusión en audiencia pública un “monitoreo periódico de costos” habla de un preacuerdo para reconocer la incidencia de la inflación del año, un viejo reclamo de las distribuidoras que, a diferencia del criterio del ente regulador de hacerlo 1 vez al año se aferran a un mecanismo semestral.

Ese aspecto hace que pierda fuerza la chance de que la actualización de los cuadros tarifarios se aplique en tres etapas anuales hasta la próxima revisión integral (prevista en principio para agosto de 2018).

Pero no todo sale como se espera. Es que los popes de las empresas se sorprendieron con algo que estaba fuera de los planes: resignar el manejo de las inversiones en alta tensión, que representa anualmente entre $80 millones y $100 millones, principal efecto de una propuesta formulada por Alejandro Neme, presidente de Emesa (Empresa Mendocina de Energía SA).

Sucede que ese monto podría duplicarse con el ajuste de tarifas desde 2016, y si prospera la iniciativa, componer un fondo fiduciario pero en manos de la Provincia, lo que ofuscó mucho a los representantes privados. Neme no se hizo atrás y defendió su idea en la necesidad de cumplir con las inversiones. “Son elementos para ser evaluados dentro del régimen regulatorio vigente, y para que el componente se afecte en tiempo y forma. Lo importante es que quedara asentado en el expediente de la audiencia, más allá de que sólo podría hacerse por decreto con un análisis de implicancias legales de por medio”, asegura Neme, luego de plantear que con un 10% de incidencia en la factura final podría renovarse el alumbrado público a un ritmo de $50 millones anuales.

Es que rápidamente las empresas salieron a advertir que la Provincia podría así incurrir en incumplimiento del contrato de concesión del servicio privatizado en 1998. Según Neme, un planteo de ese tenor “sería ponerle un cerrojo a la discusión. Si requiere debate hay que hacerlo y no negarse”. Con sus días ocupados en apagar los focos de incendio a nivel financiero para la Provincia, el gobernador Francisco Pérez ya tenía en su despacho, al cierre de esta edición, el informe final de la audiencia. Que, pese a no ser vinculante, se tiene en cuenta a la hora de firmar el decreto reglamentario.

El interrogante es ¿lo dejará Pérez firmado para que su sucesor Cornejo lo aplique desde enero, en un gesto de despedida con el sector eléctrico? Todo parece indicar que sí, pero habrá que esperar a que avance el último trimestre del año para saberlo.

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