Inicio / Jurisprudencia / Corrientes: Aumento ilegal de la tarifa eléctrica. Fallo Audiencia Pública operatividad constitucional

Corrientes: Aumento ilegal de la tarifa eléctrica. Fallo Audiencia Pública operatividad constitucional

La cuestión planteada se refiere a la violación de los derechos del consumidor por aumento ilegal de la tarifa de energía eléctrica.

Tanto en el fallo de Primera Instancia, como el del Superior Tribunal de Justicia, se determina que la Acción de Amparo Judicial es principal y no requiere de ningún tipo de reclamo previo y/o agotamiento de la vía administrativa alguna. Puede accionarse derechamente por la vía judicial mas expedita de Amparo para tutelar derechos constitucionales de los consumidores.

Se establece que la decisión unilateral e inconsulta de aumentar la tarifa de energía llevada a cabo por DPEC, sin la participación necesaria de los consumidores -a través de asociaciones de consumidores- y municipios involucrados, en una Audiencia Pública, trae aparejada indefectiblemente su inconstitucionalidad, por violar el derecho de defensa de los consumidores. (Esencialidad de la Audiencia Pública para el establecimiento y/o aumento de tarifas).

Se deja en claro que la falta de reglamentación del mecanismo constitucional de Audiencia Pública no puede ser utilizado como pretexto por DPEC para avasallar los derechos de los consumidores. Dicha circunstancia no resulta óbice para que los consumidores invoquen la aplicación de la Audiencia Pública, pues, las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías. (Inoponibilidad al ciudadano de la mora del legislador en reglamentar instrumentos constitucionales).

Claramente, existe una tensión -hoy superada- entre el derecho administrativo (utilizado por organismos como DPEC y Aguas de Corrientes, como valla protectora) y el derecho de los consumidores -de raigambre constitucional-.

En la actualidad, la Judicatura tiende en forma mayoritaria y pacífica a tutelar los derechos de los más débiles, que muchas veces no efectúan reclamos ante organismos que violan abiertamente sus derechos, por miedo a quedar sepultados por la burocracia o el sistema opuesto por los mismos, del cual -los consumidores- resultan rehenes.

Sentencias como la presente merecen ser resaltadas, toda vez que tienen una proyección social importante en la comunidad. Espero aliente a los consumidores de servicios para reclamar sus derechos. Ese es mi afán.

Sentencia del STJ, dictada en la causa en la que intervine.

 

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*.2C1103.370058.* GXP 8925/10

En la ciudad de Corrientes, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil once, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Alejandro Alberto Chain y Fernando Augusto Niz, con la Presidencia del Dr. Carlos Rubin, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Norma Cristina Plano de Fidel, tomaron en consideración el Expediente Nº GXP – 8925/10, caratulado: “LEDESMA JORGE SALVADOR C/ DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES S/ AMPARO”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Carlos Rubin, Alejandro Alberto Chain y Fernando Augusto Niz.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: C U E S T I O N

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SENOR PRESIDENTE DOCTOR CARLOS RUBIN, dice:

I- A fs. 113/116 luce el pronunciamiento del Sr. Juez Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Goya, que declara la inconstitucionalidad de la Resolución 1049/08 de la Dirección Provincial de Energía y del Decreto Nº 2668/08, y en consecuencia la inaplicabilidad del cuadro tarifario Nº 89, ordenando la refacturación de las facturas emitidas conforme el cuadro tarifario anterior, hasta que se cumpla con el tramite del articulo 48 de la Constitución Provincial.

Disconforme con la misma se alza la demandada a fs. 120/130.

II- Para así decidir, el a quo estimo idónea la vía del amparo, toda vez que no advirtió que el andarivel escogido hubiese cercenado el derecho de defensa de la accionada, tachando a sus reproches de dogmáticos, y por ende inadmisibles.

Ratifico la posibilidad de control judicial de legalidad en materia de tarifas de los servicios públicos, y al confrontar el trámite seguido por el Ente, con los arts. 42 de la Constitución Nacional y 48 de la Constitución Provincial, hallo incumplido el procedimiento de audiencias publicas, por lo que concluyo en la inconstitucionalidad del cuadro tarifario impugnado.

III. La recurrente aduce la ineptitud de la vía elegida ante la ausencia de derecho constitucional violado de forma manifiesta.

Transcribe jurisprudencia que refiere que el control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir a la Administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, y que abona el rechazo de la intervención judicial en materia de tarifas por la prestación de servicios públicos, por lo que entiende se incurrió en intromisión en facultades privativas de otros poderes del Estado.

Ratifica la legitimidad de las normas impugnadas por ser el resultado de una sucesión de actos administrativos que gozan de presunción de legitimidad y que no fueron cuestionados en su regularidad y legalidad.

Sostiene que el servicio prestado por la DPEC es publico por lo que la afectación de los fondos incide también en los derechos de todos los usuarios, debiendo prevalecer el interés general por sobre el particular.

Objeta la interpretación dada a la Constitución y expresa que lo que ella dispone es que una ley deberá establecer el marco regulatorio del servicio publico, el ente de control y la realización de audiencias publicas para la confección y modificación de estos.

Refiere que en el caso de Corrientes no esta reglamentada la realización de audiencias publicas. Niega que se haya producido una modificación de “tarifas”, afirmando que se traslado al usuario final la variación del valor de compra de la energía, en la medida impuesta por la Secretaria de Energía de la Nación, por lo que no procede la audiencia publica.

IV. Por razones metodologicas me permito alterar el orden en que la recurrente expuso sus agravios, y señalar que la jurisdicción no tiene la obligación de analizar todas las quejas, sino tan solo las conducentes.

V. En lo sustancial y lo que es materia de debate es aplicable lo resuelto por este Cuerpo in re: “ASOCIACION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ DIRECCION PCIAL. DE ENERGIA DE CTES. Y ESTADO DE LA PCIA. DE CORRIENTES S/ AMPARO”, Expediente Nº 32226/9, sentencia Nº 142/2009, donde se sostuvo que “[…] el Alto Tribunal de la Nación no siempre admitió la posibilidad del control de la justicia y razonabilidad de las tarifas (Fallos 197:518), recién en la causa “Fernández Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional” (LA LEY-2000-A, 179 -DJ-2000-1, 1321 – IMP, 2000-A con nota de Daniel Malvestiti IMP 2000-A, 628) admite la procedencia del control de legalidad; posteriormente en “Provincia de Entre Ríos c/ Secretaria de Energía” (Fallos 188: 469) enuncia la revisabilidad de las tarifas por parte del Poder Judicial”.

Se afirmo también que “[…] el control judicial de las tarifas en cuanto a su justicia y razonabilidad, debe ser amplio y no ilimitado.

También el control de legalidad respecto del procedimiento seguido y las bases normativas que deben ser tenidas en cuenta para la fijación de tarifas, teniendo en claro que ello no comprende en modo alguno la facultad de sustituir a la Administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad”.

“Expresa Marienhoff en este sentido que, “[…] ante una impugnación de irrazonabilidad formulada a una tarifa, la competencia del Poder Judicial se extiende hasta la “revisión” de dicha tarifa a efectos de comprobar si efectivamente existe el vicio que le atribuye: “de ser exacta la existencia de ese vicio, el juez interviniente puede y debe “dejar sin efecto” la tarifa cuestionada” (Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, ed. Lexis Nexis, 2005, p. 142/143)”.

En ese particular contexto, y mas allá del juzgamiento de la razonabilidad o irrazonabilidad del nuevo cuadro tarifario implementado por la Dirección Provincial de Energía por resolución Nº 1049/08 aprobado por decreto Nº 2668/08, que de acuerdo a los fundamentos expresados por los accionados tuvo como antecedente inmediato la resolución N? 1169/08 de la Secretaria General de la Nación, lo cierto es que la Dirección Provincial de Energía -única prestataria de este servicio publico en el ámbito provincial- no ha seguido con el procedimiento constitucional establecido al efecto, tornando a estos actos del poder administrador contrarios a la Constitución de la Provincia y a preceptos de la Constitución Nacional.

En la Provincia de Corrientes, el Art. 48 de la Constitución prevé en lo que aquí interesa que: “[…] La legislación establece los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial, previendo el mecanismo de audiencias publicas y la necesaria participación en los organismos de control y en la confección o modificación de dicho régimen regulatorio, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los municipios interesados”.

En idénticos términos, el Art. 42 de la Constitución Nacional, dispone: “[…] La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control…”.

El principio de las audiencias públicas es de raigambre constitucional y constituye el único medio para conseguir la efectiva participación de los interesados. Como señala Gordillo: “a) es un garantía objetiva de razonabilidad de para el administrado en cuanto a percepción de que el Estado actúa con sustento fáctico, proporcionalidad, etc.; b) es un mecanismo idóneo de la formación de consenso de la opinión publica respecto de la juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la reacción publica posible antes de comprometerse formalmente a un curso de acción; c) es una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos estatales respecto de los permisionarios y concesionarios, de modo tal que el publico perciba esa relación como transparente y límpida. Esa transparencia, conviene no olvidar, viene también exigida por la Convención Interamericana contra la Corrupción; c) es un elemento de democratización del poder, conforme el ya clásico principio de que ya la democracia es no solo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder; e) es también un modo de participación ciudadana en el poder publico, exigido por principios políticos, constitucionales y supranacionales” (Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, t. 2, 6º. Edición, Fundación de Derecho Administrativo, Cap. XI, p. 6)”.

“La audiencia publica comporta un mecanismo de debate sobre diversos aspectos de la prestación de un servicio publico y permite la democratización de las decisiones, máxime cuando, como en el caso, se trata de un significativo aumento del cuadro tarifario por la prestación del servicio de energía eléctrica, quedando de tal modo a salvo el derecho de defensa de los usuarios y consumidores, además de transparentar los procedimientos administrativos”.

“La circunstancia de que no se encuentre reglamentado en el ámbito provincial en nada impide su plena operatividad, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías”.

Sobre la base de estas consideraciones se arribo a la conclusión que la Dirección Provincial de Energía, al haber obviado el procedimiento de las audiencias publicas previsto expresamente en el Art. 48 de la Constitución provincial y de modo implícito en Art. 42 de la Constitución Nacional, para la implementación del nuevo cuadro tarifario, además de vulnerar los preceptos constitucionales sindicados, desconoció el derecho de defensa de los usuarios y consumidores del servicio, quienes se vieron privados de la posibilidad de conocer en profundidad y transparencia las razones que llevaron a la entidad accionada a disponer el aumento, convirtiendo a las resoluciones administrativas impugnadas en desprovistas de toda validez constitucional.

Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la Dirección Provincial de Energía a fs. 120/130, y en su merito confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas a la vencida. Se fijan los honorarios del Dr. Juan Ignacio Ledesma, en el carácter de Monotributista ante el IVA, en el 30 % de lo que oportunamente se fije por la labor en primera instancia (arts. 9 y 14 de la ley 5822). Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SENOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubin, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SENOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubín, por compartir sus fundamentos. En merito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 178

1º) Rechazar el recurso de apelación deducido por la Dirección Provincial de Energía a fs. 120/130, y en su merito confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas a la vencida. (…)

4/10/11 Fuente: Corrientes Opina

Sobre

Revisa También

La Cámara Comercial ordenó la sustitución de un Audi A4 0Km. por aplicación del Régimen de Defensa del Consumidor

La Sala F de la Cámara Comercial de la Capital Federal confirmó sustancialmente un ejemplar …