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El aumento del gas: cinismo político y sistema perverso contra los usuarios

La historia del aumento del gas que mantiene tensa y en vilo a la población y a muchos dirigentes al borde del ataque de nervios; podría llamarse así: “Perversión y cinismo: Cómo engañar a la gente y después cobrarle al contado nuestros errores”.

La trama del incremento del gas que ahora todos quieren derogar es de una compleja ingeniería política, económica y electoral, para “blanquear” subsidios al precio del fluido y fomentar su extracción, compensar el precio de la importación de gas necesario para el consumo interno ya que se exporta más de lo que se importa, y subsidiar también la garrafa social. Todos estos son cargos fijos que los usuarios están sufriendo, y que en muchos casos les han significado aumentos de más del 200 % en su boleta. Hasta hace poco, en épocas de vacas gordas, todos estos costos eran absorbidos por el Estado. El gobierno le hizo creer a la gente que estábamos viviendo en el país con las mejores tarifas del mundo. Pero no era cierto. Y el aumento, que esconde todo tipo de trampas y retroactivos; ahora es una bomba de relojería a punto de estallar. El gobierno nacional, y también el  provincial, lo sabían. Y muy pocas fueron las voces que se alzaron para advertir de la situación.

El aumento, mientras tanto, fue casi escondido antes de las elecciones, y con los primeros días de frío se empezó a sentir en los bolsillos. Antes de explicar esta historia de cinismo político, es necesario aclarar un detalle: Ni un peso de los aumentos en vigencia será para las distribuidoras de gas. Es todo para constituir distintos fondos que antes ponía el Estado y que ahora pagarán los usuarios. El aumento de la tarifa de distribución es otro tema, viene en marcha, y por otro precio, claro.

La historia del país irreal
Para comprender lo que pasó con los aumentos del año pasado, y cómo afectó a los usuarios ante la pasividad de la mayoría de los dirigentes, hay que remitirse a un decreto emitido en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue la norma 181 de ese año, que categorizó a los usuarios de gas según su nivel de consumo. Desde ese momento, para el gobierno, serían más “ricos” quienes más consumen, y a la vez los que cargarían la mayor parte de los ajustes futuros. Este argumento es una falacia. Así, un jubilado que tiene en su casa una estufa, un calefón, y una cocina, por vivir en una casa en malas condiciones y en una zona de clima poco amigable, gasta más gas que un usuario que con calefacción central en su edificio y que tiene ingresos sensiblemente más altos. Y por lo tanto, al jubilado los aumentos le pegan más fuerte. Este tipo de usuarios suelen estar en las categorías R2 y R3 de la boleta, quienes cargan con buena parte de los ajustes en cargos fijos decididos por el gobierno. En estos días, vemos ejemplos de jubilados que ganan 1.000 pesos y deben pagar más de 400 de gas, viviendo en condiciones menos que dignas.

Durante tres años, el gobierno ocultó la necesidad de ir sincerando la tarifa del gas, como de muchos otros servicios, por razones políticas. Así fue durante los años de Kirchner. Pero a mediados del año pasado, cuando empezaron los primeros signos serios de la crisis económica, el gobierno advirtió que tendría que empezar a transferirles costos a los usuarios de gas, para mantener diversos subsidios. Allí surgió el primero de los cargos fijos que ahora pagan los usuarios. Fue una resolución del Enargas, del 10 de octubre de 2008, pero retroactiva al 1 de setiembre del mismo año, para subsidiar el precio de la garrafa social, que quedó de diez y quince pesos en todo el país. Eso afectó a unos 150.000 usuarios mendocinos que vieron incrementos de hasta el 30 por ciento en su costo. Pero como empezaba el verano y el consumo era bajo, el aumento pasó casi desapercibido.

El segundo ajuste, el de mayor incidencia en la facturación domiciliaria, se realizó a través de un decreto del PEN, el 2067/08. Fue en diciembre de ese año, pero la resolución del Enargas que lo habilitó fue retroactiva al 1 de noviembre. Ese decreto creó con el dinero de los usuarios, y otros aportes, un Fondo Fiduciario para financiar la importación de gas de Bolivia, y vender ese gas a un precio habitual a los usuarios argentinos. Esta operación se financiaba con subsidios nacionales que se dejaron de aplicar, por falta de dinero. Este ajuste ha generado -según ha estudiado el ingeniero Guillermo Amstutz, senador; y uno de los primeros en preocuparse por este problema desde el principio- impactos de hasta el 260 % en el precio del servicio, según cada categoría.

El tercer ajuste fue una concesión a las petroleras. Se aumentó el precio de cuenca para incentivar a las productoras a la extracción. Pero ello no significó nuevas inversiones en exploración y explotación y -por el contrario- la producción bajó. También los precios de la importación de gas, por la caída del precio del petróleo y los hidrocarburos, pero se mantuvieron los ajustes.

Pasó el verano y el año empezó a tomar temperatura electoral, a medida que se acercaba el otoño. En abril, donde en algunas de las zonas de la provincia comienza el “primer frío”, algunos usuarios comenzaron a acercarse a las asociaciones de consumidores para ver por qué pagaban tan caro. Y empezó la inquietud política. Para colmo, en año electoral. Fue entonces que el gobernador Celso Jaque fue a Buenos Aires y se reunió con Julio De Vido. Los titulares de los diarios impresos de esos días anunciaban “rebajas” del precio del gas para unos 51.000 hogares mendocinos. En realidad, lo que había ocurrido es que el gobierno aceptó no cobrar el cargo adicional por importación, de las categorías R32 y R33. Esto fue después de que se decidiera “abrir” más las categorías de usuarios, con el criterio de aplicarles mayores ajustes a quienes más consumen, lo que a la larga resulta inequitativo. Esa suspensión vence el 31 de agosto, dentro de un mes. Entonces, los usuarios volverán a pagar esos costos. El anuncio del “beneficio” se hizo tres semanas antes de las elecciones, con el cálculo electoral a la vista.

Las pérdidas, la trama política
Estos aumentos son una suerte de “impuesto” que muchos creen ilegal, y por eso han presentado recursos de amparo obteniendo medidas cautelares en seis provincias argentinas, incluida Mendoza en un caso. Y generan graves pérdidas a la sociedad en general. En nuestra provincia, por caso, estos cargos adicionales significan unos 43 millones de pesos anuales que la gente no gasta en ninguna otra cosa. Los usa, los que pueden, para pagar el aumento del gas.

En la “película” del aumento, sobre todo en los actores políticos, pasaron más cosas. Cuando Jaque logró que unos 51.000 usuarios mendocinos sean eximidos de manera temporal del cargo por importación de gas; ya era tarde para la emisión de las boletas. Y eso generó un escándalo, con acusaciones cruzadas, castigos, y reintegros a los usuarios. Pero no fue todo, antes de las elecciones no fueron repartidas las boletas para no espantar a la población en esos días clave para el gobierno, lo que constituyó otra maniobra perversa y de ocultamiento. Y con el frío más intenso, el problema resultó incontrolable. Producto de estos cargos fijos que impactaron en la factura, muchos mendocinos deben destinar casi el 30 % de sus ingresos, algunos hasta el 50 %, los de menores recursos, para pagar el gas.

Estos aumentos que rigen desde el año pasado pero que produjeron la hecatombe después de las elecciones y tras varios años de ocultamiento de la situación real, no son concretamente del “gas”. Se trata de dinero que va al gobierno, a los fondos que maneja con exclusividad el ministro Julio De Vido, o a las petroleras. El aumento del gas “en serio” viene por otro carril.

El año pasado, en octubre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó un aumento para las distribuidoras, que tienen congeladas sus tarifas desde 2003. En el caso de Mendoza, se trata de Ecogas. El 26 de marzo de este año, un decreto impulsado por el ministro De Vido formalizó este acuerdo de aumento mediante un decreto. Como la tarifa del gas está compuesta en partes iguales por el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa del transporte en sí, y la de distribución, el 30 % acordado para las distribuidoras impactará en otro 10 % en la boleta. También los transportistas tienen comprometido un 20 % de aumento, con un 7 % aproximado de incidencia en la boleta. En el caso de la distribución, aunque el decreto ya está, no ha sido reglamentado, por lo que el aumento no está en vigencia. Les dijeron que lo harían después de las elecciones.

Toda esta trama muestra la perversión y el cinismo político con el que se ha manejado un tema tan sensible, ocultando a la población el costo real de los servicios, y provocando después un verdadero desastre que significó -en muchos casos- situaciones familiares límite, como la del jubilado que usa la mitad de su sueldo para pagar el gas. Ahora, todos quieren derogar los decretos y resoluciones que permitieron los cargos fijos. Y otros, como Amstutz, que han estudiado el problema a fondo; piden que se haga un nuevo sistema de categorización de usuarios, basado en una razón de sentido común: No siempre el que gasta más gas es el más “rico”. Las colas que se ven para pagar son una evidencia de ello.

El gobierno nacional, especialmente De Vido, y el provincial, sabían lo que iba a pasar. Y lo ocultaron privilegiando especulaciones políticas y cálculos electorales, causando un enorme perjuicio a la población que va desde lo emocional, hasta lo concretamente económico. La política tarifaria, de servicios, y de tapar con subsidios los errores estratégicos; terminó provocando una bola de nieve, un alud de pronóstico difícil. En Mendoza, los militantes sociales que recorren los barrios, lo saben a la perfección. Hablan con la gente todos los días, y notan el mal clima, la tensión producto del desengaño.

Para terminar, contaremos la historia de Don Osvaldo, un jubilado que vive en el barrio lasherino Cristo Redentor, que prestó sus boletas de este año para el análisis, junto a su recibo de sueldo.  Osvaldo tiene en su casa una cocina, que usa para calefaccionar porque la pantalla de gas que posee es muy pequeña, y un calefón. Por su consumo, está categorizado como R3-4 (casi un potentado) aunque su sueldo es de $937,41. En diciembre del año pasado pagó 108,72 pesos. Su última boleta fue de 408,88. Pregunta don Osvaldo cómo hace para vivir con los 528,53 que le quedan en el bolsillo.

Tal vez, los políticos que engañaron a la población y que después pretendieron enmendar los errores transfiriéndoles el costo de los subsidios a los usuarios, aun escondiendo los aumentos hasta donde les fue posible; tengan una respuesta. Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/148452

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