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La ley “del gallinero

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La doctrina y la jurisprudiencia vienen creando. Este latigillo, pone de resalto que la excesiva falta de control por parte de los Entes Reguladores, permite que las empresas actuen libremente, aun en falta de los Reglamentos de Servicio y Regimenes básicos de suministro, sin que ello les cause mayores inconvenientes.

Los entes se comportarían con los suministrantes de manera muy flexible, sin enderezar ni impulsar a las empresas a mejorar sus servicios.

Ahora bien, de que intensidad es la fuerza vinculatoria del contrato, cuando la autonomía de la voluntad de los consumidores, esta sujeta a reglas especiales, y la del predisponente o suministrante, tiene basamento en una relación de poder mayúsculo sustentada en oligopolios naturales o artificiales.

El efecto propio, por excelencia de los contratos bilaterales, es la obligatoriedad de las obligaciones asumidas por las partes, y por principio, su cumplimiento es el efecto normal. Lo esperado. En tanto que el incumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente, es el efecto anormal.

El principio “pacta sunt servanda” es la base del derecho de los pueblos libres.

Ya antes he señalado la dificultad de la equivalencia de las prestaciones en las relaciones de consumo, basadas en la artificial igualdad jurídica, entre consumidores y suministrantes.

Las relaciones entre las partes, generalmente, se encuentran regidas por,

1) las condiciones generales y particulares de los contratos de adhesión, que se compone de clausulas predispuestas.

2) los Reglamentos Básicos de Prestación de Servicios, redactados por las empresas suministrantes, y aprobados por los Entes Reguladores, y que no son adecuadamente publicitados por las empresas, no obstante la leyenda inserta de que se presumen conocidos por los consumidores.,

3) Por la Ley de Defensa del Consumidor,

4) Supletoriamente, en caso de silencio u oscuridad de la Ley, el derecho civil y comercial, que resulte aplicable.

Anteriormente he señalado, que los contratos de adhesión de suministro de los servicios públicos domiciliarios privatizados, no son controlados u homologados por los entes reguladores, u entidad alguna, a diferencia de los contratos de seguro o de ahorro previo, que son aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación o por la Inspección General de Justicia, o simil, que en las respectivas jurisdicciones posean normativas en tal sentido. Los contratos de crédito para consumo, son fiscalizados por el Banco Central de la República, en su rol de policía bancaria, y por lo dispuesto por el art. 36 LDC.

Los organismos defensores de los derechos de consumidores, han logrado en muy poca medida, poner límites al actuar abusivo de un mercado desregulado, donde los consumidores se encuentran aún mas debiles.

La ausencia de una política gubernamental de difusión de los derechos de los consumidores, y del rol de las asociaciones defensoras de los derechos de estos, así como la falta de apoyo a instituciones como los “Defensores del Pueblo ( Ombudsman )”, dificultan a los consumidores, a poder concentrar su poder y poner una resistencia de similar consistencia, que la que opone la suministrante.

por Alan Carlos GOBATO /1998

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