Aunque ya se están haciendo efectivas, las subas del cargo por el gas importado para usuarios de consumo medio y alto y la quita de subsidios a medio millón de hogares dependen de la resolución de una serie de amparos que hoy están en análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que está en cuestión es la constitucionalidad del decreto 2067/08, que habilitó la posibilidad de cobrar un cargo extra a los clientes de las distribuidoras de gas y que es la base de los aumentos que ya hoy están recibiendo tanto quienes quedaron excluidos del régimen de subsidios como quienes todavía reciben el beneficio. Hoy los clientes tienen la posibilidad de no pagar ese cargo -y evitar así los aumentos de 2008 y de fines de 2011, además de neutralizar la quita de subsidios-, pero corren el riesgo de tener que abonar de forma retroactiva la diferencia acumulada en caso de que la Corte finalmente desestime los amparos.
Por el contrario, si el máximo tribunal de Justicia decidiera avalar los amparos y la declaración de inconstitucionalidad, neutralizaría gran parte del ahorro fiscal que el Gobierno busca con la quita de subsidios.
Por lo pronto, se sabe que la Procuración General de la Nación, que encabeza Esteban Righi, ya emitió dictamen en dos de esas causas. En ambos casos -uno originado en Salta y otro surgido de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín- se sostiene la posición del Gobierno de desestimar los amparos, pero no se avanza sobre la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).
Fuentes de la Corte Suprema confirmaron que estas dos causas, así como otras también relacionadas con el decreto 2067/08, están en estudio en la Secretaría Judicial N° 4, a cargo de Rubén Gorría. “Esas dos tienen dictamen del procurador, pero eso no quiere decir que la Corte vaya a fallar en el mismo sentido”, explicaron en el alto tribunal. ¿Cuándo podría conocerse la opinión de la Corte? Difícil saberlo, aunque no sería pronto.
Pero la sola posibilidad de que caigan los amparos puso en alerta a sus promotores. “Es una espada de Damocles. Si la Corte fallara en contra, tornaría muy grave la situación por la enorme cantidad de dinero que hay en juego. Son tres años sin pagar el cargo, a un promedio de 300 pesos por bimestre”, sostuvo Guillermo Durand Cornejo, presidente del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), de Salta. Y resumió así el núcleo de sus argumentos ante la Justicia: “La cuestión de fondo es que esto es un impuesto fijado por decreto, y la Presidenta no tiene facultades para imponer un tributo. Es atribución del Congreso”.
A raíz de la causa impulsada por Codelco y otras organizaciones, la Cámara Federal de Salta había dictado en febrero de 2010 la inconstitucionalidad del decreto 2067/08 al afirmar su naturaleza tributaria. El Estado respondió que no correspondía la vía del amparo para resolver la constitucionalidad y negó el carácter tributario del cargo porque tiene un régimen propio, con una finalidad específica y se fundamenta en las dificultades del sistema energético.
En el nivel nacional, los usuarios están amparados por la medida cautelar dictada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa iniciada por el defensor del pueblo de la Nación. Allí se dictaminó que los usuarios pueden solicitar ante las distribuidoras abonar su factura de gas excluyendo el cargo y las empresas no podrán cortar el servicio. El problema es que la sentencia es provisional y podría caer si la Corte fallara en contra en alguna de las causas relacionadas.
22/2/12 Fuente: La Nación
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