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Cobro Adicional de Factura por envio postal impuesto por la Empresa Claro y la Adhesión a la Factura Electrónica. Fallo Completo

factura claro envio defensa consumidorJuzg. Civ. y Com. Nº4 Sec Nº 7 Expediente Nº ì82938 (RGE=10489/09)

ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS ìBANCARIOS C/ AMX ARGENTINA S.A S
Mar del Plata, 16 de ·septiembre de 2009.-  AUTOS Y VISTOS: la presente causa traída a ìdespacho a fin de dictar sentencia y de la que,

RESULTA: 1.- Que a fs. 26 comparece la ìAsociación Civil de defensa del Consumidor ACUBA, inìvocando la representación colectiva de los consumidoìres afectados de la provincia de Buenos Aires promoìviendo formal acción sumarísima contra la firma AMX ìArgentina SA. Ello a efectos que se declare la ilegaìlidad de la modificación contractual anunciada por la ìempresa consistente en la imposición de un precio de $ ì10 a efectos de lograr la emisión y remisión de la coìrrespondiente factura.-


············Asimismo, solicita se decrete medida cauìtelar tendiente a la suspensión de la modificación ìcontractual comunicada por la empresa.-
············2.- A fs. 42 de la acción que tramita conìforme las normas del proceso sumarísimo se confirió ìtraslado a la contraria por el plazo de cinco días. En ìcuanto a la cautelar pretendida en tal oportunidad ìconsideró el suscripto que no se encontraba acreditada ìen debida forma la verosimilitud en el derecho por no ìsurgir de la documental aportada el incumplimiento de ìlas previsiones del inc. a del Anexo II de la Res. ì9/2004.-
············Posteriormente, a fs. 47 la actora amplia ìla demanda aportando la correspondiente prueba docuìmental, la que es receptada disponiendo su traslado ìconjuntamente con el de la demanda ordenado oportunaìmente. A fs. 94 la accionante plantea revocatoria resìpecto del auto que deniega la medida cautelar y subsiìdiariamente adjunta nueva documental a fin del nuevo ìanálisis de la precautoria pretendida.-
············En fecha 7 de mayo de 2009 se analiza la ìrevocatoria planteada y con base en la nueva documenìtal aportada se hace lugar a la precautoria planteada ìdisponiendo la suspensión de la modificación contracìtual comunicada por la empresa.-
············3.- A fs. 127 comparece la Dra. Maria Gaìbriela Milano, en su caracter de apoderada de la acìcionada, AMX Argentina SA, contestando la demanda ìinstaurada y requiriendo el levantamiento de la medida ìcautelar decretada. A fs. 146 de éste último planteo ìse confiere traslado a la contraria por el término de ìdos días el que es contestado a fs. 147 y sgtes. Conìsecuentemente, en fecha 16 de junio de 2009, se rechaìza el pedido de levantamiento de cautelar y asimismo, ìconsiderando el suscripto innecesaria la apertura a ìprueba se declara la cuestión como de puro derecho y ìpara resolver con las constancias de autos.-
············Siendo que la accionada plantea revocatoìria respecto de la referida declaración de puro dereìcho, y sustanciada la misma, a fs. 179 y sgtes. se reìsuelve rechazando el remedio. Siendo el estado de la ìcausa el descripto y estando firme la declaración de ìpuro derecho corresponde al suscripto el dictado de ìsentencia definitiva.-
············Y CONSIDERANDO: I.- Que la promoción de la ìpresente acción encuentra su motivación en la modifiìcación anunciada por «Claro» (AMX Argentina SA) en el ìDiario Local La Capital, pág. 10 del 8 de abril de ì2009 consistente en la implementación de un sistema de ìfacturación electrónica. A raíz del mismo la consulta ìe impresión de la misma a fin de abonar debería ser ìefectuada por el cliente via internet y en caso de opìtar por continuar con el tradicional sistema de remiìsión de facturación impresa ello tendría un costo adiìcional de $ 10 ( a partir del 8 de junio de 2009).-
············La actora fundamenta su reclamo en cuatro ìprincipios determinados, a saber: el principio de graìtuidad de la información (art. 4 ley 24.240, la violaìción a los arts. 42 de la CN y 38 de la C.Pcia. Bs. ìAs., la violación a los intereses económicos de los ìconsumidores en virtud del doble cobro por un mismo ìservicio y la violación a las previsiones de la resoìlución 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica ìde la Nación.-
············Al momento de formular el conteste, la acìcionada, pone de manifiesto que los términos y condiìciones de los contratos que la vinculan con sus clienìtes establecen con precisión cuales son las normas que ìhan de regir la relación, y lo atinente a aplicación, ìcumplimiento e interpretación del contrato. En este ìorden de ideas y en forma supletoria se dispone la ìaplicación de la resolución S.C. Nº 490/07. Resalta ìademás la primacia de las previsiones del art. 1197 ìC.Civ. del cual surgiría la fuerza obligatoria caracìterística del contrato de acuerdo con el cual AMX se ìencontraría facultada a modificar el precio de los ìproductos comercializados.-
·············Considera que los contratos suscriptos ìcumplen con los requisitos establecidos por el Anexo ìde la Res. 53 de la SCD y DC y por el Anexo II de la ìRes. 9/2004 como así también con la Res. SC 490/97, ìart. 26, habiendo sido los mismos presentados ante la ìautoridad de aplicación.-
············A mayor abundamiento, detalla la accionada ìen el punto III el alcance dado a la medida atacada ìpor la Asociación señalando que «(…) si bien origiìnalmente se anunció la determinación de aplicar la ìdisposición a todos los usuarios, facturando un cargo ìde $ 10 a aquellos que solicitaran el envío de factuìras impresas, dicha resolución fue modificada conforme ìpuede advertir VS de la copia simple de la factura que ìse adjunta (…) la medida alcanza a los usuarios de ìlíneas Cuenta Segura (…) el precio del servicio de ìenvío de información impresa será de $ 5 y no de $ 10 ìcomo fue anunciado originalmente» (sic fs. 130 vta y ì131).-
············En virtud del cambio explicitado argumenta ìque el plan cuenta segura, único respecto del cual ìtiene vigencia la modificación en torno a la factura, ìes el que menos dependencia tiene respecto de la facìturación porque sus abonados están «habituados» a aboìnar mes a mes el mismo importe. Asimismo, advierte que ìel cobro mensual de los planes de cuenta segura es uno ìde los más bajos del mercado llegando a ser deficitaìrio en virtud de los costos que insumen los precios ìpor servicio de impresión y envío de factura. Consideìra que mediante el sistema implementado y las alternaìtivas conferidas a los usuarios se mantiene indemne el ìderecho a la información del consumidor.-
············En cuanto a este último aspecto, niega enìfáticamente haber incurrido en una violación al art. 4 ìde la ley 24.240 afirmando que la factura no es el ìelemento informativo por excelencia, conforme lo preìtendiera la actora. Considera que la misma no centraìliza la naturaleza del servicio prestado sino que ìconstituye un documento de caracter comercial y fisìcal.-
············Habiendo referido, en forma sucinta, las ìpretensiones de la actora y los fundamentos vertidos ìpor la demandada a fin de respaldar el pedido de reìchazo de la acción corresponde analizar las cuestiones ìde fondo implicadas en el caso.-
············II.- Legitimación: en orden a este punto ìno puede desconocerse que en el caso no comparecen ìpromoviendo la demanda los usuarios afectados por la ìmodificación objetada sino la Asociación Civil de ìUsuarios Bancarios, debiendo analizarse la legitimaìción de la misma. A tal fin, la ley 24.240 en en sus ìarts. 52, 55, 56 a 58 trata de las asociaciones de ìconsumidores y las califica como personas jurídicas ìcon legitimación para promover acciones en defensa de ìlos consumidores y usuarios. Al respecto la doctrina a ìafirmado que «(…) son entes asociativos creados para ìser titulares, activamente de derechos de terceros, ìcaracterística que es decisiva porque el funcionamienìto de la sociedad es sistémico, posmoderno, globalizaìdo, de mercado y de consumo, por lo tanto, en ese marìcos es preciso afirmar los derechos fundamentales del ìsujeto» (conf. Marcelo Daniel Iñiguez, «Asociaciones ìde consumidores», publicado en Revista de Derecho Priìvado y Comunitario, 2009-1, Consumidores, pág. 341 y ìsgtes., Edit. Rubinzal- Culzoni).-
············En orden a la naturaleza jurídica, «las ìasociaciones de consumidores son personas jurídicas ìprivadas que tienen como finalidad «la defensa , inìformación y educación del consumidor (cfr. art. 56 ley ì24240), su existencia y funcionamiento se fundan en el ìmanifiesto interés social por la característica del ìdaño cierto o potencial hacia los derechos de incidenìcia colectiva» que genera el modelo de producción en ìserie» (conf. Iñiguez, o.p. cit. pág. 343). Consecuenìtemente, los fines de tales agrupaciones pueden clasiìficarse en preventivos -cuando ante una amenaza o ìriesgo se persiga crear, modificar o concluir una acìtividad o práctica de comercialización, servicio o ìproducción- y reparatorios -cuando defiendan o repreìsenten intereses individuales de los consumidores con ìel fin de obtener una reparación.-
············Finalmente, la condición determinante de ìla legitimación en estudio la constituye el recaudo de ìla autorización para funcionar que impone el sistema ìde la ley 24.240 en su art. 56. Deben inscribirse en ìalgún estado provincial y luego están habilitadas para ìhacerlo ante el Nacional, siendo el organismo que se ìocupa de tal registración en cada provincia una depenìdencia de la Dirección Pcial. de Comercio con compeìtencia para la inscripción en el Registro de Asociaìciones de Defensa de Consumidores y Usuarios.-
············Cotejadas las constancias documentales ìaportadas por la actora al momento de promover la acìción surge tal autorización conforme copias simples – ìno controvertidas- de fs. 16 a 25 de los presentes, es ìdecir que se encuentra configurado el recaudo de legiìtimación por parte de la Asociación Civil de Usuarios ìBancarios a los fines de accionar en los términos exìpuestos.-
············III.- Alcance de la medida impugnada: ìallanada la primer cuestión corresponde ingresar al ìestudio de los argumentos de fondo brindados por las ìpartes en uno y otro sentido, es decir a favor y en ìcontra de la procedencia de la presente.
············En cumplimiento de tal menester es preciso ìreferir a la modificación verificada respecto del alìcance y monto de la facturación impresa desde la proìmoción de la demanda al momento de la contestación. ìEllo así por cuanto conforme surge del aviso publicado ìen fecha 8 de abril de 2009 -no controvertido y adjunìtado en copia por la Asociación- la implementación de ìla facturación electrónica y el consiguiente costo de ì$10 para quienes optaren por mantener el sistema traìdicional eran extensivos a todos los clientes de la ìempresa (Léase el inicio del aviso: «Si sos cliente ìclaro(…)» sin discriminación alguna de plan).-
············Posteriormente, al momento de contestar la ìdemanda a fs. 130 vta. y sgtes expresa que «si bien ìoriginalmente se anunció la determinación de aplicar ìla disposición a todos los usuarios, facturando un ìcargo de $ 10 a aquellos que solicitaran el envío de ìfacturas impresas, dicha resolución fue modificada ì(…)» (sic. fs. 130 vta.). Es decir que la accionada ìpor propia determinación redujo el ámbito de aplicaìción de la medida. No obstante ello no releva de anaìlizar las cuestiones planteadas ni las torna abstracìtas por cuanto únicamente se produjo una reducción en ìel radio de afectación de usuarios.-
············Consecuentemente, es preciso analizar si ìse han configurado las violaciones invocadas por la ìAsociación actora en autos.-
············IV.- Principio de gratuidad de la informaìción (art. 4 ley 24.240): el argumento central brindaìdo a favor de la recepción de la acción consiste en ìque la modificación que se pretende implementar ìconstituye una violación al principio de gratuidad de ìla información consagrado en el art. 4 ley 24.240. –
············En términos generales se ha afirmado que » ìEl derecho a la información receptado explícitamente ìen el artículo 42 surge como elemento nivelador de las ìrelaciones interpersonales -no aplicable únicamente a ìlas relaciones de consumo- ya que se transforma en un ìderecho humano fundamental en tanto posibilita el ìejercicio de los restantes derechos» (conf. CNFed ìCAdm. Sala II, 14-11-1997, en autos «Diners Club Arìgentina c/ Secretaría de Comercio e Inversiones»). ìAsimismo, «La información permite, en principio, la ìexistencia de un acto en libertad (…) el conocimienìto pleno de las diversas situaciones favorece la toma ìde decisiones a todo nivel(…) en tanto que, quien ìposee un capital informativo se encuentra en una siìtuación más ventajosa respecto de aquel que no lo poìsee, favoreciendo la coerción y el ejercicio del poder ìremarcando la desigualdad» (conf. Lovece, Graciela, » ìEl derecho a la información de consumidores y usuarios ìcomo garantía de protección de sus intereses económiìcos y extraeconómicos» en Revista de Derecho Privado y ìComunitario, 2009-1, Consumidores, pág. 449 y sgtes., ìEdit. Rubinzal- Culzoni).-
············En virtud de la normativa citada y de los ìprincipios referidos se puede afirmar que en toda ìtransacción existe un costo en virtud de la informaìción y el mismo es colocado en cabeza de las empresas ìpor cuanto estas tienen mayor capacidad económica y ìorganizativa. De lo contrario sería imposible para los ìusuarios obtenerla por sus propios medios por razones ìfácticas y económicas.-
············En un primer momento «la relación jurídica ìinformativa acompaña el desarrollo del iter contracìtual operando preventivamente, colaborando en el resìguardo de aquella indemnidad, poniendo en conocimiento ìal consumidor de los riesgos, equilibrando a las parìtes y su incumplimiento es generador de responsabiliìdad»(conf. CCAdm, Trib CABA Sala II, elDIAL-AA4D98).-
············En tal caso si se limitara el cumplimiento ìde esta obligación al inicio de la relación proveedor ì- consumidor, el caso bajo estudio no podría enìcuadrarse como violación al citado art. 4 por cuanto ìal tratarse de la facturación periódica excedería tal ìmarco legal. Ahora bien, es coincidente la interpretaìción según la cual » (…) la propia redacción constiìtucional exige el cumplimiento de la obligación de inìformar durante toda la relación de consumo. En tal ìsentido se ha sostenido que la información tiene a ìproteger el consentimiento a prestar y una vez formaìlizado el contrato, debe coadyuvar a la utilización ìdel producto o servicio ( Lopez Cabana, Roberto M, «La ìinformación al consumidor. Régimen constitucional leìgal y reglamentario» en en Revista de Derecho Privado ìy Comunitario, Nº 8, pág. 250/2, Edit. Rubinzal- Culìzoni).-
············En este orden de ideas podemos afirmar que ìla información es un proceso dinámico en el que se obìservan diferentes secuencias vinculadas en forma inesìcindible con cada una de las etapas del negocio juríìdico y con los diversos objetivos que se observan en ìcada una de ellas. Consecuentemente situándonos en la ìetapa de cumplimiento del contrato celebrado la modiìficación que pretende introducirse respecto de la facìturación sí importa una contravención al deber de inìformación que pesa sobre la empresa accionada. Ello ìteniendo en cuente que no solo debe brindarla en forma ìclara y accesible sino de modo gratuito, aspecto que ìno se respeta en la modalidad descripta por la accioìnada.-
············Es decir que, si para recibir la factura ìen forma impresa como hasta al momento es preciso aboìnar $10 ($5 luego de la modificación efectuada) o bien ìrecurrir al uso de internet con posterior impresión ìpor parte del usuario o, en última instancia acercarse ìa los centros de atención al cliente, hay una clara ìburla al principio de gratuidad de la información.-
············No obsta a la conclusión precedente la ìcircunstancia de haber reducido el ámbito de aplicaìción del cobro de la facturación al plan «cuenta seguìra» so pretexto de evitar de esta manera el aumento de ìlos abonos. Lo dicho revela claramente la maniobra enìcubierta tras la anunciada protección del medio amìbiente porque se intenta mantener el precio más bajo ìdel mercado creando un cargo inexistente a la fecha o ìponiendo en cabeza del consumidor la carga de autosuìministrarse la información pertinente.-
············Si bien lo expuesto es suficiente a fin de ìconcluir la procedencia de la acción impetrada y deìclarar la ilegalidad de la modificación anunciada cabe ìreferencia a los restantes agravios denunciados por la ìactora.-
············V.- La violación a los arts. 42 de la CN y ì38 de la C.Pcia. Bs. As.: siendo que las normativas ìcitadas consagran el derecho a la información por deìrivación del análisis realizado precedentemente, cabe ìconcluir que la modificación cuestionada infringe tamìbién la citada normativa constitucional.-
············VI.- La violación a los intereses económiìcos de los consumidores en virtud del doble cobro por ìun mismo servicio: en este aspecto, corresponde disenìtir en cuanto que la violación a los intereses econóìmicos está pero desde el momento en que se encubre el ìaumento de tarifa, que puede tener implicancias por ìincumplimiento de las condiciones contractuales pactaìdas, agregando un cargo inexistente a la fecha o al ìmenos subsumido en el precio final abonado.-
············VII.- La violación a las previsiones de la ìresolución 9/2004 de la Secretaría de Coordinación ìTécnica de la Nación: tal normativa en su Anexo II, ìap. a) enuncia los requisitos para que no sean consiìderados abusivas las cláusulas que otorgan al proveeìdor la facultad de modificar los contratos que versen ìsobre servicios de comunicaciones móviles. En primer ìlugar, debe tratarse de contratos celebrados por tiemìpo indeterminado, circunstancia que en autos no surge ìdel todo claramente por tratarse de una acción promoìvida por la Asociación Civil de Usuarios nucleando a ìvarios afectados y no contando con todos los instruìmentos. Asimismo, con prueba documental aportada por ìla demandada no se acredita fehacientemente que los ìcontratos afectados por la modificación encuadren en ìeste recaudo.-
············Asimismo el ítem I del ap. a) requiere que ìlos eventuales cambios se hallaren expresamente preìvistos en el contrato, circunstancia tampoco acreditaìda por la accionada en virtud de lo expuesto en el páìrrafo precedente. El punto II prevé que los mismos reìvistan caracter general y no estén referidos a un conìsumidor en particular, aspecto en el cual si bien con ìla modificacion denunciada por la demandada se abarca ìsolo a un grupo de abonados esta circunstancia no ìobsta al caracter de general de la medida prevista. En ìtercer lugar se establece que «el cambio no altere el ìobjeto del contrato o pudiere importar un desmedro ìrespecto de los servicios comprometidos al momento de ìcontratar» , en este aspecto si bien el costo de $ 5 ìpor el envío de la factura no influye en si mismo en ìel servicio de telefonía que constituye el objeto ìcentral de la contratación, al implicar un incremento ìen los costos de tal servicio puede llegar a represenìtar un desmedro en el servicio cuando el mismo se ìanuncia como el más bajo del mercado. Es decir signiìfica un cambio en las condiciones de desarrollo de la ìrelación comercial que en contrario o desvirtua una ìcualidad o condición que fue determinante al momento ìde contratar, en elcaso que se trataba de un plan con ìdeterminado costo por mes y que, conforme lo manifiesìta la propia actora, es el precio más bajo del mercaìdo.-
············Finalmente respecto de los ítems IV y V, ìno se advierte violación en cuanto al parámetro utiliìzado para la modificación (es objetivo en cuanto es un ìmonto fijo aplicable a todos los abonados de esa cateìgoría) y se habría efectivizado la notificación con ìantelación de 60 días. Este último aspecto tal vez ìamerita una referencia particular en cuanto surge de ìla causa (fs. 10) que se habría dado a publicidad la ìprimera modificación que intento implementarse, no así ìla posterior que abarcaba solamente a los usuarios ìcuenta segura y por $ 5 circunstancia que podría lleìvar a considerar que no se ha cumplido en debida forma ìcon el recaudo en estudio.-
············Es por lo expuesto que tampoco pueden conìsiderarse respetadas y cumplimentadas las previsiones ìde la resolución técnica 9/2004 de la Secretaría de ìCoordinación Técnica de la Comisión Nacional de Comuìnicaciones.-
········Por lo expuesto, citas legales y jurisprudenìciales y lo previsto en los arts. 161, 496 y ccdtes. ìCPCC, 42 de la CN y 38 de la C. Pcia. Bs. As., 1, 3, ì4, 55 y ccdtes. Ley 24.240,

FALLO: 1.- Haciendo lugar ìa la acción promovida por la Asociación Civil de Usuaìrios Bancarios contra AMX Argentina SA. y declarando ìilegal por su consecuencia la modificación contractual ìanunciada en el diario La Capital de esta ciudad el ìdía 8 de Abril del corriente año , consistente en la ìimposición a partir del 08/06 de un costo de servicio ìde $ 10 final por la impresión y remisión de la factuìración periódica a sus clientes. Con costas a la acìcionada vencida (art. 68 CPCC). 2.- Diferir la regulaìción de los honorarios profesionales hasta una vez ìfirme la presente. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
··············Dr. Raúl Eduardo Garros
···············Juez Civil y Comercial

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