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Avalan a dos ONG para que monitoreen causa contra ex funcionario

27 junio 2009. La Cámara Federal rechazó un recurso interpuesto por un imputado, que buscaba impedir que las organizaciones tomen vista de un expediente que lo investiga.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación interpuesto por un ex funcionario público, contra la decisión que permitió a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) el monitoreo de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en una licitación pública realizada durante la década del 90.

Así, la cámara confirmó la decisión de autorizar a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y al Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE), para que tomen vista de los expedientes del proceso que analiza la licitación y concesión a una empresa del dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, ubicada entre el Río Paraná y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata.

Los magistrados señalaron que la decisión que permitió el monitoreo del expediente no se trata de una sentencia definitiva y por ende no puede ser atacado por vía casatoria: «El pronunciamiento impugnado no reviste el carácter de sentencia definitiva ni equiparable a ella por sus efectos pues no impide la continuación de las actuaciones sino, por el contrario, tiene por consecuencia para el imputado seguir sometido a proceso, y esta ausencia de definitividad no puede suplirse aunque se alegue un supuesto de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales», según publica el Centro de Información Judicial.

En tanto, el tribunal ratificó que será el juez de instrucción «quien defina a qué piezas en concreto tendrán acceso los peticionantes».

17 DE AGOSTO

La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal hizo lugar a un recurso presentado por dos organizaciones no gubernamentales (ONG) para monitorear causas contra funcionarios públicos.

Se trata de un caso en la que el mismo tribunal, en mayo último, hizo lugar a la pretensión de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) de acceder a contenidos generales de una causa en la que se investiga el supuesto pago de «sobornos» por parte de una empresa nacional a un funcionario del Gobierno de Filipinas.

Con posterioridad a esa decisión, el juez de primera instancia dispuso supeditar el cumplimiento de lo resuelto a la incorporación de nuevos elementos probatorios. Esa resolución fue apelada por las ONG, según publica Centro de Información Judicial.

Ahora, la cámara hizo lugar al recurso de apelación. Para ello, entendió que la decisión del magistrado es «irrazonable, ya que, sin perjuicio de las constancias que en el futuro puedan colectarse, no se ha permitido conocer ninguno de los elementos ya incorporados al legajo (que a la fecha cuenta con casi dos cuerpos de actuaciones), sin que se haya señalado -ni se observe- circunstancia alguna que impida el acceso de los incidentistas a tal información».

Y agregó: «No resulta una exigencia que el o los imputados (todavía no identificados en el caso) brinden su consentimiento sobre la extensión de los datos a suministrar».

Fuente Infobae

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