Inicio / Jurisprudencia / Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaro constitucional la multar a los que protesten El máximo tribunal declaró constitucional la atribución del intendente para castigar a los que interrumpan el tránsito o generen caos con manifestaciones y marchas en la ciudad

Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaro constitucional la multar a los que protesten El máximo tribunal declaró constitucional la atribución del intendente para castigar a los que interrumpan el tránsito o generen caos con manifestaciones y marchas en la ciudad

En un caso inédito, que crea jurisprudencia nacional, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la multa aplicada por el intendente de la Capital, Víctor Fayad, al SUTE, por cortar calles en una manifestación. La protesta se realizó el 30 de julio de 2008, por demandas salariales, en contra del decreto 863/08 dictado por Fayad y la ordenanza 3016.

Pero además, la resolución puede ser aplicada a otros gremios, especialmente estatales, a los que se les ha labrado aproximadamente 15 actas: varias a los docentes y una a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ha sido recurrida. El gremio judicial es la excepción ya que «realiza las marchas por la vereda y respetando los semáforos», según sus dirigentes.

El 23 de julio de 2008 Fayad dispuso que los actos y movilizaciones se desarrollaran en la explanada municipal. La medida se basó para evitar cortes de calle, congestión y alteración del tránsito. También dispuso regular esta problemática, a fin de garantizar el desarrollo normal de la vida ciudadana.

Ahora, el fallo de la sala 2 de la Suprema Corte local conformada por Herman Salvini, Carlos Böhm y Pedro Llorente, resolvió sobre una multa de 1.000 pesos que aplicó la comuna por una manifestación que se efectuó el 30 de julio de 2008.

Además del valor de la sanción y los intereses, el sindicato deberá pagar las costas que ascienden a unos 20.000 pesos. A partir de ahora también se deberán resolver otras multas que Capital aplicó al SUTE por manifestaciones, la última el 28 de diciembre de 2010, que, acumuladas, ascienden a 8.422,93 pesos.

El sindicato había recurrido a la Justicia por considerar que la medida era inconstitucional por restringir derechos constitucionales como el de reunión, peticionar colectivamente y movilizarse para manifestarse libremente por las calles, indicando que es la primera vez en su historia que se multa a una entidad sindical por la mencionada ordenanza.

Esos argumentos fueron refutados por el municipio en la demanda, sosteniendo las facultades municipales de reglamentar este tipo de manifestaciones por defender derechos de igual jerarquía constitucional como son los de los ciudadanos a circular libremente en vehículos y medios de transporte tanto públicos como privados.

El decreto de Fayad establece que la explanada de la Municipalidad es el ámbito facilitado para el ejercicio de derecho de reunión y de petición a las autoridades, que, por cuestiones viales y de seguridad, se debe hacer un pedido previo de autorización (48 horas antes) para hacer uso del derecho de manifestarse y que la concurrencia en marcha al lugar ofrecido, la explanada municipal, se debe realizar exclusivamente transitando por las veredas ordenadamente, respetando las indicaciones semafóricas y cruzando por las sendas peatonales.

El fallo explica que «el Estado tiene la obligación de posibilitar a todos sus habitantes el ejercicio de sus derechos constitucionales arbitrando medios adecuados a los fines cuyo realización procura».

Además, indica que «el derecho a la protesta puede -como cualquier otro derecho- ser objeto de reglamentación razonable si con ello se pretende mantener el orden y la seguridad en el tránsito de las personas y vehículos o lograr una convivencia social pacífica. Además, posibilitar la protesta mediante un cauce ordenado de la misma no implica restricción de derecho alguno sino un ejercicio legítimo del mismo».

La resolución también establece que «el intendente, en uso de atribuciones que le son propias y en el marco de su competencia ofrece el uso de un lugar del dominio público municipal para evitar que en las calles -destinadas al uso y goce inmediato y directo de todos los habitantes- y sobre las cuales ostenta el poder de policía, se produzcan alteraciones por manifestaciones.

Así y previo requerirse la autorización pertinente, los interesados en realizar un acto, manifestación, movilización o expresión similar pueden utilizar el espacio de la explanada municipal». El fallo concluye que el SUTE «no ha logrado demostrar de manera fehaciente los prejuicios que alega sufrir por la aplicación del decreto 863» por lo que la Corte resolvió «rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación» e imponerle las costas del proceso.

18/3/11 Fuente: diario los andes

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